Fuente: Cointelegraph.com
La saga del proyecto de ley cripto de Panamá ha alcanzado un nuevo capítulo, con la Corte Suprema del país decidiendo el futuro de la industria cripto local.
El Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, mandó el 26 de enero el Proyecto de Ley nº 697, apodado «proyecto de ley cripto», a la Corte Suprema para su revisión y aprobación, tras rehusar la legislación, aduciendo que violaba los principios esenciales de la constitución nacional y era inaplicable.
La Corte Suprema debe decidir ahora si declara la legislación inaplicable o la aprueba con modificaciones.
Según un comunicado oficial, el gobierno considera inaplicables los artículos 34 y treinta y seis del proyecto de ley, pues violan la separación de poderes del Estado y establecen estructuras administrativas en el gobierno.
El Presidente Cortizo asimismo arguyó que el proyecto de ley se había aprobado mediante un procedimiento inapropiado, tras su veto parcial de la legislación en junio. En aquel momento, el presidente consideró que el proyecto de ley precisaba más trabajo para cumplir las nuevas reglas recomendadas por el Conjunto de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre «trasparencia fiscal y prevención del blanqueo de capitales».
Una disputa entre el congreso de Panamá y el gobierno se ha centrado en este proyecto de ley. En el mes de abril de 2022, los legisladores panameños aprobaron la propuesta legislativa destinada a regular las criptomonedas en el país, incluida Bitcoin. El presidente Cortizo, no obstante, advirtió unas semanas después que no la firmaría a menos que incluyese normas adicionales contra el blanqueo de capitales.
El proyecto de ley fue presentado en el mes de septiembre de 2021 a la Reunión Nacional de Panamá, con el propósito de hacer al país «capaz para la economía digital, blockchain, criptoactivos e Internet». Salió de la Comisión de Temas Económicos el veintiuno de abril antes de ser aprobado por el Congreso local.
En base a la legislación, los panameños «van a poder convenir con libertad el uso de criptoactivos, incluyendo, pero sin limitarse a Bitcoin y Ethereum» como alternativa de pago para «cualquier operación civil o comercial».
Además, el proyecto de ley regularía la tokenización de metales preciosos y la emisión de valores digitales. La digitalización de la identidad a través de blockchain o tecnología de libro mayor distribuido asimismo sería explorada por la autoridad de innovación del gobierno.
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